Suelos contaminados I


¿Cómo se declara un suelo contaminado?

Básicamente, el objetivo que persigue la normativa sobre suelos contaminados es identificar los suelos que tengan la condición de contaminados, en base a una metodología normalizada y técnicamente rigurosa, estableciendo criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, para en última instancia, proceder a su descontaminación.

Ahora bien, la consecución de este objetivo pasa por una serie de fases o etapas en las que los diferentes agentes involucrados (empresas, propietarios del suelo, administración…), deberán dar cumplimiento a una serie de trámites y requisitos legales, regulados fundamentalmente por el Real Decreto 9/2005.

Debemos destacar que las obligaciones derivadas de esta disposición no afectan únicamente a los titulares de actividades o propietarios de suelos que resulten estar contaminados, sino a todas las Actividades Potencialmente contaminantes, y a los propietarios de suelos donde se haya realizado alguna de estas actividades, pues el primer objetivo de la norma es descartar los suelos no contaminados e identificar los contaminados.

De forma secuencial, las actuaciones que se desarrollan en base a esta normativa, son las siguientes:

1º. Información a la administración: Presentación ante la administración autonómica un Informe Preliminar de Situación.

2º. Posteriormente y a instancias de la propia administración, es posible que se requiera la presentación de Informes Complementarios más detallados, análisis, etc.

3º. En el caso de aquellos suelos en los que se dé alguna de las condiciones detalladas en el Anexo IV (superación de los niveles de ciertos contaminantes, etc…), se deberá llevar a cabo una Valoración de Riesgos Ambientales.

4º. En base a la información recibida, será la administración autonómica la que pueda declarar un suelo como contaminado.

5º. Como consecuencia de la declaración de un suelo como contaminado se deriva directamente la obligación de descontaminarlo para el responsable del mismo. La condición de suelo contaminado se mantendrá hasta que se produzca una resolución administrativa firme que lo declare descontaminado, previa comprobación de la efectividad de las actuaciones de recuperación que se hayan realizado.

Para la consideración de un suelo como contaminado se establecen, además, una serie de criterios técnicos y de estándares: los niveles genéricos de referencia de los contaminantes de relevancia para un suelo, que son concentraciones específicas de contaminantes específicos.

Estos niveles se establecen atendiendo a la protección de la salud humana, distinguiendo entre los posibles usos del suelo (uso industrial, uso urbano u otros usos) o bien a la protección de los ecosistemas, distinguiendo entre distintos grupos de organismos (organismos del suelo, organismos acuáticos y vertebrados terrestres, y se recogen en los Anexos V y VI del Real Decreto 9/2005. El Anexo VII establece los criterios para el cálculo de niveles genéricos de referencia.

 

¿Quién Tiene obligaciones respecto a los suelos contaminados?

Además de la administración, las empresas dedicadas a la descontaminación de suelos, los laboratorios, etc., tienen obligaciones con respecto a los suelos contaminados los siguientes agentes:

Aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el suelo. Concretamente tienen tal consideración las mencionadas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005.

Aquellas empresas que producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas por año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Aquellas empresas que disponen de almacenamientos de combustible para uso propio según el Real Decreto 1523/1999, con un Consumo Anual Medio superior a 300.000 litros y con un Volumen Total de Almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.

Los propietarios de fincas (ya sean personas físicas o jurídicas) en las que se haya desarrollado alguna de las actividades potencialmente contaminadoras de los suelos.

Es de destacar que el Anexo I del Real Decreto 9/2005 recoge unas 100 actividades pertenecientes a muy diversos sectores.

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