La Declaración de Interés Comunitario (DIC)


Una DIC es un pronunciamiento de la administración competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, en el que, previa evaluación de la incidencia en el territorio de una propuesta de actuación realizada por un particular, asigna o deniega un uso y aprovechamiento determinado en suelo no urbanizable, de acuerdo con un procedimiento y contenido establecidos por la legislación urbanística.

Una DIC está vinculada por lo establecido en la legislación vigente, por el planeamiento territorial y por el Plan General municipal. El contenido de una DIC no puede alterar el contenido y determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial, de forma que sólo podrá otorgarse una DIC cuando la actuación sea compatible con dicho planeamiento en todos sus aspectos.

El otorgamiento de una DIC supone que la actuación que se vaya a desarrollar a su amparo es adecuada al ámbito territorial en la que se ubica y produce unos efectos positivos en su ámbito de influencia. El mero hecho de cumplir las disposiciones establecidas en la legislación urbanística, territorial y sectorial que resulten de aplicación y las determinaciones de los planes urbanísticos y territoriales no supone, necesariamente, la obtención de la DIC. Para ello es necesario que la propuesta produzca efectos positivos sobre el territorio.

Las actuaciones sujetas a DIC son aquellas que:

a) Son promovidas por particulares que tengan disponibilidad sobre los terrenos en que vaya a implantarse la actuación.

b) Se ubican sobre suelo no urbanizable común en una zona apta para ello según el planeamiento urbanístico.

c) No están relacionadas con la naturaleza rústica de los terrenos pero, por sus características, no es posible su ubicación en ámbitos urbanos.

La Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable identifica específicamente estos usos:

a) Explotaciones mineras.

b) Instalaciones de energías renovables.

c) Industrias o actividades productivas:

1. Industrias calificadas que, por exigencias de la normativa que las regulen, deban      situarse alejadas de áreas residenciales.

2. Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario que, teniendo en cuenta su especial naturaleza y características, precisan emplazarse cerca del origen de la materia prima.

3. Industria de baja rentabilidad por unidad de superficie que precise dedicar gran       parte de ésta a depósito, almacenamiento o secado de mercancías al aire libre.

d) Usos terciarios:

1. Establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados

2. Centros recreativos, deportivos y de ocio.

3. Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico.

4. Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios.

5. Plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos de titularidad y explotación privadas.

6. Obras e instalaciones propias de las redes de suministros y comunicaciones de titularidad privada.

7. Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras.

8. Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como almacenamiento de vehículos.

Aunque se trate de alguno de los usos referidos, hay que tener en cuenta el carácter excepcional de  su posible implantación en el suelo no urbanizable y la necesidad de su evaluación por parte de la Administración.

Se pueden diferenciar diferentes categorías de requisitos o condicionantes que deben reunir las actuaciones que se pretenden realizar para obtener la previa DIC.

a) Requisitos o condicionantes legales:

Los requisitos o condicionantes legales son aquellos establecidos por la Ley 10/2004, del Suelo No Urbanizable y por la normativa sectorial que pueda serles de aplicación

b) Requisitos o condicionantes derivados de la planificación urbanística y territorial:

Las actuaciones sujetas a DIC deben ser compatibles con el Plan General del municipio en el que se pretendan implantar, deben ser compatibles con la Estrategia Territorial de la Comunidad  Autónoma  y con los Planes de Acción Territorial que la desarrollen.

c) Requisitos o condicionantes territoriales:

Existen una serie de condicionantes que no están explícitamente establecidos en las disposiciones legales o en los planes urbanísticos o de ordenación del territorio, pero que por su relevancia territorial pueden impedir, limitar o condicionar la implantación de una actuación sujeta a DIC.

d) Requisitos o condicionantes ambientales:

El territorio alberga valores y recursos naturales o riesgos naturales o inducidos que pueden impedir o condicionar el desarrollo de una determinada actividad, a pesar de que esta circunstancia no se encuentre expresamente prohibida por una disposición legal, planeamiento urbanístico o territorial o las condicionantes territoriales. La presencia de estos valores en el  territorio puede condicionar el desarrollo de la actuación propuesta. Esta circunstancia se determina a través de los informes sectoriales de los diferentes órganos de la administración responsable del bien protegido.

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